Hace ya 7 años se aprobó la ley de paisaje protegido.  Pero no alcanza con una firma, una foto, un texto. 
Los hechos muestran la voluntad de quienes gobiernan, de los intereses que escuchan. También lo que la ciudadanía no reclama con la fuerza suficiente.  Lo que delega y no es representado.  
No sólo debemos preguntarnos cómo estamos representadas las generaciones actuales.  ¿Quién representa a las generaciones futuras que vivirán la ciudad que las actuales legaremos?  Solidaridad, es la palabra perdida en el Tandil  que vemos en el 2017. Crece una ciudad elitista, construida por el privilegio de las excepciones, convenios urbanísticos o la simple y efectiva vista gorda de los funcionarios.  Se atienden  más los intereses del mercado inmobiliario que el derecho a la ciudad, se atiende  más el negocio que la ciudadanía.  Nuestra ciudad es el reflejo de una democracia debilitada.
El convenio 8  Caso Segurola  pretendió legitimar una estafa, y lotear una zona destinada al equipamiento colectivo.
El convenio 5 que permite construir  en  la continuidad del cerrito del Libertador San Martín, área cubierta de vegetación natural que retiene el agua, y una vez transformada  aumentará el riesgo de inundaciones del barrio Falucho entre otros.
Las casas que se construyen aceleradamente en el Cerro Granito, Entresierras, en Villa del Lago, en las Sierras sobre el propio trazado del ferrocarril que llevaba a Las Ánimas, en Valle Escondido, en las laderas de los Cerros sobre Av. Don Bosco. Los Clubes de Campo que extienden la ciudad hacia dónde el propio Plan de Ordenamiento establecen que debe evitarse.
 Por otra parte, el esfuerzo por dotar de infraestructura y equipamiento  adecuado a otras zonas de la ciudad, más acordes  para ser urbanizadas, es insuficiente.  Hay un trato desigual a los ciudadanos que se traduce en el ordenamiento  urbano. Porque hay un ordenamiento urbano. Un ordenamiento que no cumple con el plan vigente, pero que tiene criterios claros que quedan al desnudo en lo que se permite y lo que no, y sobre todo en el “a quienes se lo permite”.
Las dimensiones de la falta de solidaridad son múltiples. 
En Tandil crecen los metros construidos, pero crece más el déficit habitacional y uno de los factores principales es la inaccesibilidad a suelo urbano adecuado. La no intervención en el mercado inmobiliario es una forma de intervención, que premia a unos pocos y perjudica a la mayoría.  Por el contrario, se precisa una adecuada intervención que regule el crecimiento con criterios urbanísticos y ambientales.
Además, las  inversiones de los gobiernos nacionales, provinciales y local podrían optimizarse si se aplicarán a una ciudad integrada  pensada como conjunto. Sin embargo, hoy  responden  a una lógica que fragmenta,  y en gran parte terminan usándose para atender a los problemas derivados del crecimiento  subordinado al negocio inmobiliario.  ¿Cuántos ramales H habrá que hacer si se sigue construyendo en las sierras? ¿Cuántos canales de cemento como el previsto para conducir el agua del área de Don Bosco?   ¿Cuántas obras para evitar inundaciones si se sigue impermeabilizando la ciudad? ¿Cuántas obras para dotar de servicios propios de sitios urbanos a los que hoy deciden construir en áreas no urbanas? ¿Cuánto le costará a Tandil la decisión irresponsable de permitir la ocupación urbana  sobre las áreas de recarga del  acuífero que abastece a la ciudad? 
Negocios para pocos hoy, problemas para todos, es la síntesis de una política equivocada que no sólo está destruyendo nuestras Sierras y la calidad del agua, sino  el derecho a una ciudad democrática.

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