Por Guillermo Villarreal (DyN) 
El fallo de la Corte Suprema que aceptó la aplicación del cómputo del "2x1" en un caso de condena por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar, puso a la Iglesia en un laberinto que obligó a sus miembros a replantearse si es el momento político para seguir hablando de reconciliación.

Los referentes eclesiásticos más representativos expresaron su repudio por la decisión del máximo tribunal, al considerarla "inoportuna", "inconveniente" y que poco contribuye a "sanar" diferencias, enemistades, desencuentros y heridas profundas que hay en la sociedad.

El revuelo político por el fallo del "2x1" forzó a los obispos a morigerar su discurso en cuanto a la reconciliación, por lo que puntualizaron que ese llamado al reencuentro entre los argentinos no puede imponerse ni forzarse. 
El papa Francisco también fue salpicado por las críticas de organizaciones de derechos humanos que le atribuyen haber "influenciado" en los magistrados que votaron por la afirmativa en la reducción de la pena en un caso de delitos de lesa humanidad.
"Así responde el pueblo ante la impunidad. Esto es para el Papa que lo mira desde Roma", se le escuchó decir a un dirigente de los derechos humanos durante la marcha multitudinaria del miércoles a Plaza de Mayo.

El contexto con dedos acusadores contra la Iglesia, a cuyos miembros se le atribuye haberle dado la espalda a la mayoría de los crímenes de la dictadura, hizo también que se demorada la presentación del protocolo para poder consultar los archivos eclesiásticos de los años de plomo (1976-1983).
La desclasificación de los documentos en poder de la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura en Buenos Aires y la Secretaria de Estado del Vaticano era una promesa que le había hecho el pontífice a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "El reglamento para que víctimas y familiares directos de los detenidos desaparecidos tengan acceso a la documentación están listo y aprobado, pero se creyó que éste no era el momento más oportuno para presentarlos", dijo a DyN una fuente episcopal calificada.
No hubo una declaración institucional sobre el fallo de la Corte por el "2x1", con la excusa de que el tema no fue debatido puertas adentro, pero sí voces episcopales personales rechazándolo.

La mayoría de los prelados coincidió en esa línea argumentativa, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina monseñor José María Arancedo, el titular de la Pastoral Social monseñor Jorge Lozano y el obispo castrense electo monseñor Santiago Olivera.

"La reconciliación no significa impunidad. Tampoco es algo que se pueda imponer", advirtió monseñor Arancedo, y abundó: "No puede haber reconciliarse si no hay verdad, si no hay justicia, si no hay reparación".
El único que salió de cuadro fue el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, quien aseguró que el fallo de la Corte "se ajusta a derecho", cuestionó en duros términos lo que consideró "intromisiones del Ejecutivo" y cargó contra "la desdichada declaración del jefe de Gabinete".
El prelado platense -con predicamento escaso entre sus pares- apuntaba de ese modo al ministro coordinador, Marcos Peña, quien afirmó que "el 2x1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina".
El fallo polémico logró, sin embargo, algo impensado meses atrás: que diputados y senadores se pusieran de acuerdo y consensuaran en trámite "express" una ley para frenar la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad.
Maquillaje para algunos. Reacción espasmódica para otros. Todo a tono con el año electoral. Los obispos manifestaron su esperanza que este mismo espíritu y celeridad primen entre los legisladores a la hora de debatir y sancionar normas para luchar contra la pobreza, en la que están sumidos 13 millones de argentinos.

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