17/02/2019 Vidal avanzará en la regulación del financiamiento electoral en la provincia  
 

La gobernadora María Eugenia Vidal decidió avanzar en la reglamentación del financiamiento de la campaña electoral bonaerense de este año, para lo que tiene previsto poner el foco en dos cuestiones básicas: la trazabilidad del origen de los fondos, lo que supone su bancarización, y la regulación de los aportes de las empresas privadas y las personas jurídicas, dos notorios baches normativos en la provincia.

Después de un año en el cual el caso de los "aportantes truchos" a la campaña del oficialismo de 2017 ?ahora enmarcado como una falta electoral pero no un delito penal- se convirtiera en foco de cuestionamientos reiterados de la oposición, Vidal le anunció a los diputados provinciales de su espacio, en una reunión reservada realizada la semana que pasó, que la cuestión del financiamiento será resuelta a la brevedad.

"Vamos a ver cómo se avanza a nivel nacional y si se traba allí igual en provincia vamos a avanzar, aunque sea de hecho", dijo a DIB una alta fuente del gabinete bonaerense. Eso significa que Vidal contempla la posibilidad de dictar un decreto para establecer las pautas generales en materia de financiamiento, un camino que también podría seguir Nación, según precisó hace dos días el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La hoja de ruta del oficialismo prevé que en los primeros días de marzo la gobernadora, en sintonía con la Casa Rosada, el decreto de convocatoria a elecciones bonaerenses, que como ya se anunció serán unificadas con las nacionales. Una vez dado ese paso, con el calendario electoral formalmente en marcha, la viabilidad política de que la Legislatura trate el financiamiento es baja, por lo que la opción más factible es la vía del decreto.

La Gobernadora apuntará centralmente a dos baches importantes de la legislación bonaerense. Una es la cuestión de la trazabilidad de los aportes, es decir la posibilidad de determinar fehaciente de dónde provienen los fondos que se utilizan. Eso supone avanzar en la eliminación casi total de los aportes en efectivo, que quedarían solo para sumas muy pequeñas.

La idea sería que las contribuciones se efectivicen mediante transferencias bancarias, cheques, tarjetas de crédito o debido, o plataformas digitales, siempre que permitan la identificación del donante y la trazabilidad del aporte. El modelo está contenido en el proyecto de ley nacional que iba a ser tratado a fines del año pasado pero que no consiguió consenso, lo que explica el adelanto de Frigerio en cuanto a avanzar por decreto también en esa jurisdicción.

El otro aspecto tiene que ver con la regulación de los aportes de individuos y empresas privadas y de las personas jurídicas, que en Nación están prohibidos en un caso y regulados en el otro pero en provincia no, a excepción de la interdicción para anónimos, concesionarios de obras o servicios públicos, licenciatarios de juegos de azar o en el caso de empresas extranjeras, además de sindicatos y asociaciones patronales.

Vidal ya había encargado a la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y Electorales la confección de un decreto para ordenar esta cuestión cuando todavía estaba en pie la opción de desdoblar. Es que en provincia, la regulación del financiamiento es mucho más débil que en Nación, al punto que en algunos ítems importantes es inexistente. Por ejemplo, no se contempla el pago estatal de las boletas para las elecciones generales ni para ninguna otra actividad de campaña. De hecho, esa asimetría es utilizada por la mayoría de los partidos, que tiene existencia legal nacional y bonaerense en forma simultánea, para eludir controles.

Ahora, la Gobernadora tomará ese trabajo, que tenía un grado de avance importante, y lo utilizará como base para ensayar el principio de ordenamiento en esta materia para este año, con el que busca prevenir situaciones como las que terminaron en los tribunales (y en los medios) en el primer semestre de 2018, y a la vez protegerse contra lo que presume que podría ser uno de los tópicos importantes de la agenda electoral opositora. (DIB)

 
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