Por Claudio Ersinger   Concejal Pro (2009 – 2017) - Fundación INNPOA

El hecho de pertenecer a un sector, en cualquier sociedad, nos puede resultar beneficioso, o por el contrario ser motivo de discriminación, marginación o hasta llegar al rechazo. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos. Raciales, religiosos, sociales, económicos, de género, etc. etc. pero en la Argentina, como en otras cosas, tenemos uno bien nuestro: el campo. 

Resulta muy difícil de explicar – a un extranjero por ejemplo –  por qué un sector competitivo, que aporta cifras siderales en impuestos, principal fuente de ingreso de dólares por exportaciones y productor de materias primas alimenticias, entre otras, es señalado y atacado sistemáticamente por voceros o por militantes del partido de Gobierno. 

Causas contra productores agropecuarios que fueron denunciados, y hasta detenidos sin fundamento o con pruebas insuficientes, perseguidos por la entidad Recaudadora de Impuestos o restringidos al crédito en los bancos públicos, todo por pertenecer al sector agropecuario, sea propietario o arrendatario, da igual. Inexplicable. 

Esto además crea un «clima en contra» que provoca hechos graves y delitos contra la propiedad, como el incendio intencional de lotes cosechados o no, la rotura de silobolsas, el robo de herramientas, de animales o insumos, y también la usurpación de tierras.

El Gobierno necesita mantener un conflicto de manera permanente con algún sector de la sociedad como mecanismo de «fidelización» de sus electores, presentado como una causa justa, con mucha publicidad y por la cual está dando batalla. La  realidad es, que en la mayoría de los casos solo busca rédito político. Así, transformado en una especie de moderno Robín Hood, inventa todo el tiempo medidas disfrazadas de solidaridad, con las que presenta una aparente solución pero, a su vez  genera un problema y enfrenta a unos contra otros manteniendo vivo el conflicto.

Todo esto resulta en un país inviable. Así parte de las energías que  monotributistas o Pymes deberían destinar a producir o capacitarse, se destinan a desarrollar mecanismos de supervivencia frente a la andanada de medidas fiscales y regulaciones que lugar de promover, amenazan el desarrollo y ubican a unos y a otros como víctimas y victimarios. Es muy difícil vivir siendo señalado y acusado todo el tiempo desde posiciones de poder, que de manera sistemática, buscan crear una imagen negativa y de «enemigo público» de los intereses de la patria. 

Con una creciente demanda global de alimentos, el campo argentino es admirado en todo el mundo  y sus productos, cada vez más valorados. Altamente competitivo, se supera año tras año gracias al esfuerzo de su gente, a la permanente reinversión de los productores rurales,  en planes y programas sanitarios, en biotecnología para la mejora genética, en moderna maquinaria para optimizar las labores y minimizar las pérdidas y principalmente en asesoramiento profesional calificado, ayuda a mejorar los rendimientos respetando el medioambiente. 

Sobre todo el proceso productivo pesa una importante carga de impuestos, que en algunos casos deja solo un estrecho margen, dependiendo de factores como el clima o el mercado, entre otros. Además, las materias primas y aquellas que tienen algún grado de procesamiento industrial, como también las especialidades de origen agropecuario que se exportan y representan la principal fuente de ingreso de dólares al país, pagan derechos de exportación – conocidos generalmente como retenciones – que en general se destinan a financiar el importante gasto público argentino.

Como se ve, el campo no es el enemigo. Por el contrario, es una parte importante de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra geografía. Tampoco quiere competir con otros sectores de la economía, como la industria, se complementa, convive, interactúa con ella.  Del campo proviene la mayoría de los elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que muchas veces solo reducimos a los alimentos que encontramos en la heladera, pero también otros productos como  los biocombustibles – destinados a reemplazar a los no renovables y muy contaminantes –   o como la biomedicina y la industria farmacéutica que se nutre de varios productos de origen agropecuario. 
Tenemos una gran responsabilidad por delante que nos involucra a todos. Nadie, dentro de lo que establece la Ley debe quedar afuera, ni ser señalado ni marginado, sea este comerciante, docente, artista o jubilado y menos aún desde una posición de poder, siendo autoridad, o la máxima autoridad. Nada lo justifica. Un proyecto de país implica dialogo, disenso, respeto, aceptar otras ideas y tender puentes que nos acerquen y nos permitan ver que son más los intereses compartidos que las diferencias. 

Los casos de sociedades exitosas, aún divididas por cuestiones políticas, nos muestran que pudieron convivir por décadas, manteniendo rígidamente sus ideales y posturas, pero coincidiendo en aspectos trascendentales de funcionamiento institucional, que redundaron en el fortalecimiento de su sistema democrático y consolidaron su economía.

Los argentinos tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativo para mejorar y alcanzar un estado de vida digna que involucre a todos y no deje afuera a nadie. Pero tenemos que empezar por cambiar de actitud, bajar un poco la guardia, mantener si, las diferencias pero enfocarnos en las coincidencias. 
En el trabajo, con los amigos, o en familia, tenemos que lograr un clima que nos permita disfrutar y recuperar el sentido de reunirse. Si seguimos ese camino, vamos a descubrir cuánto más importante es potenciar el aporte de unos con otros, en lugar de seguir siendo señalados y separados sin razón, mientras los años transcurren y vemos como otros en países logran superar las diferencias, progresan y se desarrollan con la tan anhelada inclusión social.  

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