Como se recordará, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad que 600 lotes emplazados en el cerro sean declarados de interés público sujeto a expropiación, medida tendiente a resolver a favor de la comunidad una larga disputa por el uso de ese espacio, clave para el pueblo de Tandil por motivos sociales y ambientales.
La visita de los funcionarios también forma parte del deber ser previsto en el texto de la ordenanza, cuyo artículo sexto establece que el Departamento Ejecutivo deberá elevar un informe detallado del avance de las gestiones con una periodicidad máxima de 90 días y requerirá las autorizaciones necesarias previstas en la legislación vigente respecto de la adquisición de bienes, mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal.
Siguiendo lo que prescribe la norma recientemente sancionada el secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse y el secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio, se reunieron con Juan Pablo Frolik –presidente del Honorable Concejo Deliberante-, Mario Civalleri, Rogelio Iparraguirre y Andrés Dorta, representantes de los tres bloques legislativos.
En la reunión informativa –de la que también participaron la Subsecretaria de Desarrollo Urbano María Riestra y la directora Victoria Deguer – los funcionarios dieron cuenta de los avances hasta el momento, que incluyen un proceso de paralización de obras que estaban en marcha con distinto grado de avance y la notificación sobre lo dispuesto en la ordenanza a las partes interesadas.
Esto último vincula con los tenedores de lotes que no están incluidos en las 600 parcelas sujetas a expropiación, pero que de todos modos deben presentar la documentación que acredite la titularidad.
Esto está previsto en el artículo quinto de la ordenanza, que dispone: “Los titulares de dominio y/o poseedores de buena fe de los inmuebles correspondientes a la circunscripción 1, sección e, chacra 150 que no hayan sido declarados de utilidad pública por el artículo 1, deberán dar inicio a los trámites tendientes a regularizar la situación parcelaria de los mismos en un plazo de 180 días contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza bajo apercibimiento de procederse a la declaración de utilidad pública de los mismos. A tal efecto, la autoridad de aplicación del plan de desarrollo territorial deberá notificar fehacientemente a los sujetos obligados dentro del plazo de 30 días de promulgada la presente”.
Otro dato surgido de la reunión el viernes indica que el Estado -provincial y municipal- es acreedor de una deuda muy importante en concepto de impuestos y tasas, lo que seguramente gravitará en el proceso de negociación que se abre por delante con quienes reclaman derechos sobre esas tierras sujetas a expropiación.

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