Romina Del Plá, diputada nacional por el PO-FIT, presentó en el Congreso un proyecto de ley para expropiar Loimar. En el mismo, se dejan en claro los motivos por los cuales la expropiación es necesaria: la fábrica es la única de su tipo en la ciudad, la patronal tiene deudas enormes con sus trabajadores, los despidos han sido arbitrarios e injustificados y la fábrica tiene una utilidad innegable, entre otros.
Los objetivos principales del proyecto son la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Así mismo, se busca colocar a la empresa bajo control y gestión de sus trabajadores. Además, se establece que los recursos para el funcionamiento de la fábrica deben ser otorgados por el Estado.
En el articulado del proyecto Del Plá detalla que:
ARTÍCULO 1: Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. 
ARTÍCULO 3: Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. Quedan expresamente garantizados los puestos de trabajo, salarios integrales sin mengua alguna y condiciones laborales de los Convenios Colectivos de Trabajo, de la totalidad de los trabajadores y empleados de la firma mencionada. 
ARTÍCULO 4: La empresa expropiada, quedará a cargo del Estado Nacional y su operatoria estará bajo control directo de sus trabajadores. 
ARTÍCULO 5: Se dispone la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para proceder a una reorganización financiera, contable y productiva, en base a los balances reales de la ceramista. 
ARTÍCULO 6: Se constituirá una Comisión de Control y Gestión Obrera, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa y estarán a cargo de la puesta en marcha del plan productivo de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la presente ley. 
ARTÍCULO 7: La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores, establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con los trabajadores, en concepto de salarios no pagados, cargas sociales y todo otro ítem adeudado con los empleados. 
ARTÍCULO 8: Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas del grupo empresario Loimar radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado a pagar las deudas contraídas con el Estado y con proveedores, bajo control y gestión de sus trabajadores. 
En los fundamentos la Dip. Nacional Romina Del Plá argumenta que “LOIMAR es la única empresa tandilense que fabrica ladrillos huecos, pisos rústicos y otros productos del rubro. Existe hace más de 40 años y significa una fuente de ingresos estables para más de 80 familias de la ciudad. 
La patronal de esta fábrica -que posee, además, una extensa fortuna hotelera a lo largo y ancho del país, creada a partir de la ceramista- le debe a sus empleados un reajuste del 18% de la paritaria de 2019, medio aguinaldo y el pago de dos quincenas completas. La deuda con cada uno de sus trabajadores es de alrededor de los $200.000. 
A todo esto se le sumó, primero, el despido arbitrario de 10 operarios y el incumplimiento de una conciliación obligatoria; luego el despido, sin previa intimación a volver a trabajar, de la totalidad de los trabajadores; y, por último, un verdadero lock-out de la planta. 
Ya suman más de 8 meses desde el comienzo del conflicto, donde los trabajadores no perciben sus salarios. Juan Loitegui, dueño de la empresa, es responsable de empujar a los trabajadores a un conflicto en el marco del aislamiento obligatorio, dejándolos sin el sustento de sus familias y exponiéndolos al contagio del coronavirus. 
La fábrica tiene una utilidad pública innegable. Este proyecto de expropiación tiene por eje garantizar los puestos de trabajo y el pago de lo adeudado frente a una patronal que ha decidido bajar sus persianas, estafando a sus trabajadores de manera impune. 
La expropiación de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. debe ser sin resarcimiento para una patronal que ha violado todas las disposiciones, incluida una conciliación obligatoria dictada por el propio Ministerio de Trabajo. La planta, al ser colocada bajo control de los trabajadores, podrá arrancar su normal funcionamiento de modo inmediato, luego de que el Estado garantice los recursos necesarios. 
Por estos motivos, solicitamos a los y las legisladores nacionales la aprobación de este Proyecto de Ley”. 

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