Fabián Mestralet, integrante de la Asamblea por la Preservación de las Sierras analizó, en diálogo con NUEVA ERA, por qué si bien hace diez años -el 19 de septiembre de 2009- una consulta popular apoyó la declaración de una ley que preservara a nuestra sierras -que finalmente se decretó en marzo de 2010-, la construcción en los paisajes tandilenses sigue en auge. A su vez, reveló que en el último tiempo vienen aumentando los asentamientos ilegales de gente en Villa del Lago.

Luego de emitir un comunicado en el que la Asamblea por la Preservación de las Sierras resalta la Consulta Popular en la que hace exactamente una década se avaló el deseo ciudadano de preservar el patrimonio que el cordón serrano significa para nuestra ciudad, Fabián Mestralet -integrante de esa agrupación- explicó a NUEVA ERA que “lo que venimos planteando en los últimos comunicados, y ahora reforzado por cumplirse el décimo aniversario de la Consulta Popular -la mayor consulta popular voluntaria que se hizo en la ciudad- y que como resultado dio el apoyo mayoritario de los vecinos a la idea concreta de la preservación de las sierras en Tandil, que pasa por en el día a día tomar las medidas precautorias como para que no se siga con las actividades que las dañan y las destruyen y que se tomen medidas proactivas paras que tanto los que vivimos acá como los que vienen de afuera las puedan disfrutar”.
“Lo venimos denunciando claramente, inclusive en situaciones muy puntuales, en donde se quiere violar directamente la ley. Es cierto que falta el marco regulatorio de la Ley, que en forma deliberada no se hace. Si bien es la obligación de los funcionarios públicos cumplir con la ley y completar los marcos regulatorios para que la preservación pueda hacerse efectiva, tomar las medidas necesarias para que eso ocurra, lo que vemos es una actitud -sobre todo de los funcionarios municipales- de no cumplir con esas obligaciones”, agregó.
Subrayó que “los marcos regulatorios los deberían haber terminado hace 7 años. Y tampoco hacen cumplir las leyes que ya están vigentes, que se tendrían que aplicar y que servirían para -por ejemplo- no dejar construir en los lugares donde no corresponde. Es decir, sobre las sierras, en donde no hay agua y no se puede hacer un tratamiento cloacal efectivo”.
Para ejemplificar la situación que causa la construcción en las sierras con un daño bien concreto, dijo que “todo lo que se haga termina contaminando el principal área de recarga del acuífero de la ciudad. Se deja hacer, muchas veces con la ‘vista gorda’ de los funcionarios que dejan que avancen, y en algunos casos consolidando esos privilegios mediante excepciones que son absolutamente nocivas para el espíritu de la ley y para todos los vecinos, que somos los que cumplimos la ley. Los funcionarios permiten que ciertos particulares o emprendimientos violen la ley perjudicando a toda la comunidad”.
Otros factores de perjuicio que enumeró, además de la contaminación, fueron “el aumento de riesgos de inundaciones o el impedimento de circular sobre las sierras”.
“Por un lado se ha avanzado, pero por otro vemos que los funcionarios tiene una actitud de no hacer cumplir esa voluntad que está puesta en la ley pero que también fue expresada por los vecinos”, señaló.
Quienes deberían haber realizado el marco regulatorio son funcionarios provinciales y municipales, “pero el que controla efectivamente acá en el territorio es el municipio. Cuando vos tenés que presentar un proyecto para poder edificar, lo presentas en el municipio y el que tiene que controlar si alguien hace algo ilegal o hay una denuncia de un vecino porque se está haciendo algo ilegal, es el municipio. Sin embargo, vemos que se deja avanzar”.
Nombró como “caso paradigmático” el conocido como “Caso Segurola”. “Es una gran estafa y el municipio no solamente dejó caer una expropiación que beneficiaba a la comunidad y avaló la presentación de un proyecto absolutamente nocivo para el área, sino que además permitió construir. Era un baldío y había que definir el proyecto de subdivisión y un montón de cosas más, pero dejó construir una casa y hasta le dio la luz a través de la Usina. Eso es increíble”.
“Uno recorre las sierras y ve que la Usina le pone luz en lugares que claramente no tendrían que tenerla porque se sabe que esos terrenos no tienen dueño. pero a través de algún artilugio la Usina va y le pone la luz y le lleva la luz hasta arriba, con el costo que eso conlleva”, enfatizó.
Mestralet argumentó que “por eso hay un Plan de Ordenamiento Territorial. Es mucho más fácil y beneficia a mucha más gente llevar los servicios a las zonas adecuadas que llevarlos a las sierras. Y, por supuesto, después la gente (que se instala en las sierras) quiere que le hagas la calle, que le juntes la basura, que no tengan incendios y los bomberos puedan acceder. Es decir, una serie de perjuicios tanto para la comunidad en sí como para los que se van a vivir ahí”.
“Lo que pasa es que detrás de eso hay un gran negocio inmobiliario, que claramente parece ser el norte y la orientación política de algunos funcionarios municipales que parece que lo que lo único que respetaran son los intereses de ese gran negocio inmobiliario”, opinó.
La sanción de la Ley de Paisaje Protegido es una herramienta muy importante, “pero lo que falta es la voluntad política de aplicarla. Y eso lo vemos en las cuestiones concretas que ya mencioné. O cuando quisieron hacer el shopping en Don Bosco, o lo que está pasando ahora en Villa del Lago”.
Sobre lo último, reveló que en los últimos días están recibiendo llamados y mensajes, incluso de vecinos históricos de los pocos que se habían asentado desde hace tiempo en Villa del Lago, enunciando apropiaciones recientes de terrenos en esa zona. “Ese lugar no tiene agua ni cloacas, el municipio de forma acertada restringía la posibilidad de construir ahí, pero sin embargo ahora da vía libre y lo único que pide es que pongan tres o cuatro tanques de agua para que cuando va el aguatero se los llene. En lugar de habilitar ese tipo de negocios -que en el caso concreto de Villa del Lago fue desde el principio una estafa-, lo que tiene que hacer es decirles ‘Ud. no puede construir ahí, no le podemos dar el permiso de construcción’. Y tiene todas las herramientas legales para hacerlo. A pesar de que falta el marco regulatorio, ya hay leyes que prohíben construir. Y, lo peor, es que el municipio en algunos casos las ha aplicado. No es que hay un desconocimiento o una ignorancia”, evaluó.
“Viene gente, han metido pala, han limpiado terrenos y los están cercando. Gente que por supuesto no tiene papeles. Es más, por lo que sabemos el municipio conoce la situación y ha intervenido, pero sin embargo no toma ningún tipo de recaudo para con este tipo de asentamientos ilegales”, cerró.

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