Locales

Locales

Suspenden desalojos hasta enero

17 de octubre de 2020

?El Municipio es un actor fundamental para resolver la situación de estas familias?

La Justicia resolvió ayer suspender hasta enero el desalojo de las familias que ocupan el predio de Muñiz y Casacuberta. El defensor oficial Diego Araujo tiene a su cargo el patrocinio de este grupo y se refirió a la situación de inicio y a los pasos a seguir, subrayando el carácter estructural de un problema que no se agota en la coyuntura de una toma y que echa raíces en el acceso desigual al suelo urbano y a la insuficiencia de políticas públicas para reparar esta desproporción histórica.

En relación al origen del conflicto, Araujo sostuvo que ?uno de los primeros puntos que fue necesario destacar desde la Defensoría Pública fue, precisamente, el derecho a una vivienda digna. El marco normativo de nuestro país es muy favorable a la protección de derechos y, en este caso, del derecho a una vivienda digna: existe un corpus voluminoso de normas municipales, provinciales, nacionales, lo establecido por la Constitución Nacional y los pactos internacionales que se incorporaron en su reforma de 1994. 

De modo que muchas veces hay que analizar las situaciones de hecho, verificar la aplicación concreta de la ley y, estrechamente vinculado a ello, las decisiones de políticas públicas que se toman en función de ciertas interpretaciones de ese marco normativo. 

Puesta de manifiesto esta circunstancia en el escrito presentado ante el Juzgado de Garantías, y dada la situación de alta vulnerabilidad social que presentan los grupos familiares asentados en esos terrenos, se le requirió que el plazo de intimación para el desalojo voluntario se extendiera y, al mismo tiempo, volviera a remitir las actuaciones, a través del fiscal interviniente, a la oficina de resolución alternativa de conflictos ya que la primera vez que la causa transitó por organismo judicial no tuvo resultado satisfactorio y se trató de una intervención meramente formal, sin intervención de las partes ni del titular de los terrenos?, puntualizó.

El Juzgado de Garantías hace lugar a algunos considerandos vinculados a una interpretación del marco normativo que subraya la función social de la vivienda y el carácter protectorio de algunos derechos vinculados a ello, ¿Cuáles son los pasos a seguir desde ahora hasta enero?

Al resolver la petición, el juez de Garantías lo hizo también teniendo en cuenta el dictamen favorable del fiscal, en el sentido que había peticionado la Defensa. A esta postura hay que sumar la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia que hizo una presentación adhiriendo, precisamente, a la postulación que se había hecho desde la Defensa Pública, bastante tiempo antes. 

Este cúmulo de actuaciones conjuntas y en un mismo sentido también contó con la voluntad positiva del representante legal del dueño de los terrenos, quien accedió a que se otorgara un plazo razonable para poder atender la situación de las familias que se encuentran en los terrenos. 

La resolución pautó una nueva fecha ?enero de 2021- abriendo un nuevo período en el cual habrá que continuar en las tratativas y negociaciones y donde no puede permanecer ausente el Municipio, un actor fundamental para poder resolver la situación de las familias que se encuentran en el lugar y que previamente ya realizaron un recorrido institucional, sin obtener resultados satisfactorios.

Estamos, sin dudas, ante una situación muy compleja, de modo que nada permite inferir que las tratativas van a ser fáciles, tanto más teniendo en cuenta la multiplicidad de actores involucrados. Pero entiendo que el diálogo y los consensos son parte de la única solución posible a un problema con raíces sociales tan complejas, sobre todo cuando el conflicto se halla judicializado en sede penal. El sistema penal no soluciona los conflictos sociales, en más de una oportunidad, su actuación genera nuevas fisuras en esos conflictos.

¿Cuántas familias están afincadas en el predio?
La cantidad de familias que se encuentran radicadas en esos terrenos ha ido variando en el tiempo. Algunos han logrado alguna alternativa habitacional y se retiraron; pero todavía hay alrededor de 13 familias en el predio. De manera permanente, se están haciendo relevamientos a través del Municipio y de la Defensoría Pública (con intervención de las fiscalías) para constatar la situación de cada una de ellas, analizar su composición, cuáles son sus necesidades reales y qué posibilidades de solución baraja cada uno. Es necesario encontrar una alternativa viable que no se agote en lo inmediato (el ofrecimiento de un alquiler, por ejemplo) porque de este modo desplazaríamos el conflicto hacia otros lugares y otros tiempos. 

Lo esperable, a continuación, es que el fiscal disponga nuevamente la remisión de la causa a la ORAC (Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos) y que desde ese organismo sea convocada la Defensa en representación de las familias, el dueño con su representante legal y el Municipio, para retomar las tratativas y encontrar una solución real a la situación que atraviesan.

Cada toma revitaliza el debate en torno al déficit de políticas públicas vinculadas al derecho a una vivienda. ¿Considera que este delito de la coyuntura ?la usurpación- es consecuencia de una ausencia estructural del Estado como garante de este derecho?
Cuando se trata de tomas masivas el delito de usurpación, efectivamente, deja al descubierto un déficit en el ejercicio de las políticas públicas. Hubo gobiernos que han intentado dar respuesta a los problemas habitacionales, sin embargo el déficit es tan grande que se requieren muchos años de políticas permanentes para poder resolverlo. 
 
Las deficiencias en el acceso al suelo urbano se viven de manera diferente y con particularidades propias, según el sector social del cual se trate: desde quienes necesitan alquilar permanentemente, hasta quienes tienen un terreno pero no puede construir, pueden construir y no acceder al terreno o quienes no son sujeto de crédito. Estamos refiriéndonos a una problemática amplia y compleja, de modo tal que se necesitan políticas de Estado que perduren a través del tiempo. 

En nuestro país, contamos con un marco normativo que podríamos denominar como progresista para la protección del derecho a la vivienda digna. Los operadores judiciales tenemos la obligación de resolver un conflicto de esta naturaleza pero también los funcionarios políticos deben dimensionarlo en su complejidad y actuar en consecuencia: entender que los derechos humanos deben tener una proyección dinámica más allá de ese cuerpo normativo. 

Es la única manera que podemos comprender cuál es la dimensión real del problema que atravesamos: con el diseño de políticas públicas a largo plazo que, dicho de otro modo, es profundizar un sistema de representación política, ampliando el marco de protección de derechos no sólo desde las normas. Creo que situados en esa lectura e interpretación de estos conflictos vamos a estar contribuyendo a construir el núcleo ético de una democracia avanzada.

Comparte tu opinión, dejanos tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

JUNÍN

27/10/2020

JUNÍN

JUNÍN

Hallan a un hombre asesinado dentro de su auto en un paseo público

La víctima, de 34 años, tenía un profundo corte en el cuello. Investigan un posible ajuste de cuentas o un ataque relacionado con una situación amorosa.

POR CUARTA SEMANA

26/10/2020

POR CUARTA SEMANA

POR CUARTA SEMANA

Mar del Plata acumula leve baja en los casos de coronavirus