ESCRIBE DR. GASTÓN ARGERI

La experiencia de dos nuevas jornadas -la semana pasada- y lo vivido frente a la numerosa convocatoria en las ciudades Tapalqué y Rauch (Buenos Aires) me lleva a realizar esta breve reflexión sobre el tema.

El cannabis terapéutico es uno de los temas, hoy en día, de nuestra agenda social: la realidad pone de manifiesto las expectativas y las necesidades de la comunidad, en un contexto donde las leyes resultan aún insuficientes para dar efectiva respuesta. El Estado asiste, a la zaga, a un escenario complejo de cambios que vienen sucediendo desde hace unos cuantos años.

El uso de derivados del cannabis se ha tornado frecuente, frente a la necesidad de una mejor calidad de vida y acceso al derecho a la salud, a partir de sus efectos paliativos,  priorizando el bienestar del paciente. De destacar, ni los aceites, ni el vaporizador ni otra forma que posea como base al cannabis cura una enfermedad, eso dicen los expertos. 

Sin embargo, Argentina cuenta con un escaso marco legal que se ha reglamentado a su vez parcialmente, lo cual conduce a la urgente necesidad de mejorar las normas y reformarlas, sin ser menor, la reforma del Código Penal. 

El curso legal a seguir dependerá del marco regulatorio que se adopte, en función de las prácticas vigentes y legitimadas desde el uso y la demanda de la comunidad, y de las nuevas responsabilidades que deberán asumir las autoridades sanitarias y judiciales competentes

En la misma dirección, la ONU instó al gobierno argentino a repensar el estatus legal que sigue considerando punitivo el autocultivo. Lejos estamos de compararnos -y más aun de replicar- lo que sucede en la sociedad uruguaya, si se tiene en cuenta la polarización que ha generado la temática, en materia legislativa, reduciendo sustancialmente la posibilidad de dar cauce al debate parlamentario pendiente.

En suma, el debate instalado sobre el uso terapéutico del cannabis ha adquirido una dimensión social y política ineludible: la distancia entre el uso medicinal y el marco normativo se ha visibilizado en diversos sectores de la sociedad pero aún es asignatura pendiente en materia legislativa. 

El carácter punitivo del consumo requiere la necesidad de reencuadrar el debate en la agenda inmediata de las políticas de la salud pública, más aun si será el Estado quien garantice su accesibilidad.

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